De manera sorpresiva y apresurada, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que modifica las reglas de juego del sector eléctrico, sin considerar el análisis y la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a pesar de que se había decidido contar con su posición. Así también opiniones de entes técnicos del sector como el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES, responsable de asegurar la seguridad y confiabilidad del sistema.
Desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) hacemos un llamado para que se realice un profundo análisis y se consideren los impactos técnicos y económicos; así como la opinión del MEF sobre la modificación de la Ley 28332, la cual en su versión actual brinda la mayor confiabilidad, estabilidad y seguridad para el sistema de generación eléctrica.
Manifestamos reiteradamente nuestro compromiso con el uso de energías limpias; tanto las renovables como el gas natural, siendo este último un recurso estratégico para la transición hacia una nueva matriz energética. Sin embargo, la propuesta legislativa, tal y como ha sido aprobada por la Comisión de Energía y Minas, implicaría un incremento de la tarifa de distribución de gas natural de entre el 8% y 28%.
De acuerdo con el análisis hecho, el alza en las tarifas de gas natural afectaría a más de un millón y medio de usuarios domiciliarios, a más de 4,000 industrias y comercios, y a los más de 400,000 vehículos que se han convertido a GNV, y que presentan una mejora en la calidad de vida e ingresos de miles de familias de transportistas. Un aspecto que, sin duda, debió ser considerado desde el Legislativo.
Debido a su carácter intermitente, un incremento no planificado en la generación de energías renovables afectaría la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) y, en consecuencia, a los millones de usuarios del país que requieren de una energía de potencia constante.
La inversión en exploración y explotación de nuevas reservas de gas natural responde a una demanda creciente de este recurso, el cual refuerza nuestra independencia energética frente a las variaciones del precio internacional de los combustibles. Lamentablemente el resultado de esta propuesta reduce el consumo de gas del sector de generación eléctrica, el más relevante del sector, impactando negativamente en el interés de inversión para la incorporación de nuevos recursos gasíferos.
El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas no sólo levanta banderas de alerta por lo antes señalado; también reduciría los ingresos de aquellas regiones que reciben recursos por la producción de gas natural.
Desde el Congreso de la República se debe legislar en beneficio de todos los peruanos, y ello debería llevar a la Comisión de Energía y Minas del Congreso a reconsiderar la decisión que acaba de adoptar; algo que debe hacerse en el marco de una responsable revisión técnica y gestionando su impacto.