En una decisión que ha generado sorpresa y preocupación, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que modificaría la ley de generación eléctrica, con consecuencias directas en los bolsillos de más de un millón y medio de usuarios del gas natural en el país.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) ha alertado sobre el posible impacto negativo que esto traería, precisando que el alza en las tarifas de consumo de gas natural podría oscilar entre el 8% y el 28%. Esta medida afectaría a hogares, industrias, comercios y transportistas que actualmente utilizan gas natural como fuente de energía.

La preocupación radica en que la Comisión de Energía y Minas aprobó la llamada Ley de Energías Renovables sin realizar una evaluación exhaustiva de todos sus impactos ni permitir un adecuado debate técnico. Esto ha generado inquietud sobre la falta de consideración de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de entes técnicos del sector, como el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

La SPH ha hecho un llamado al Legislativo para que se realice un análisis integral, considerando los impactos técnicos y económicos, así como la opinión del MEF, antes de implementar modificaciones a la Ley 28332. Esta ley actualmente brinda confiabilidad, estabilidad y seguridad al sistema de generación eléctrica en el país.

Si bien la SPH reafirma su compromiso con el uso de energías limpias, incluyendo las renovables y el gas natural, advierte que un incremento no planificado en la generación de energías renovables afectaría la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEIN), el cual requiere de una energía constante y confiable para abastecer a millones de usuarios en el país.

Además del impacto en los usuarios del gas natural, la aprobación de esta propuesta legislativa también tendría consecuencias económicas en las regiones que reciben recursos por la producción de gas natural, como Ayacucho, Lima, Ica, Huancavelica, Ucayali y Cusco. Estas regiones financian proyectos de desarrollo económico y social a través del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), y se estima que dejarían de recibir un total de 421 millones de soles en los próximos cuatro años.

Ante este panorama, es crucial que el Congreso de la República considere el impacto negativo en las economías regionales y en los usuarios del gas natural. Se requiere una revisión técnica responsable y un análisis más profundo de las implicancias de esta propuesta legislativa.