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Ciudadanía indígena y desarrollo

CIUDADANÍA INDÍGENA Y DESARROLLO

                                                                       Por: Beatriz Merino*


 

Noto con optimismo que los pueblos indígenas que habitan en nuestra Amazonía han decidido priorizar la presentación de sus propuestas. El “Plan Amazónico de Vida Plena” propone una serie de medidas para aprovechar las oportunidades de la modernidad accediendo a la salud y la educación, así como al mercado, sin renunciar a su identidad cultural y estableciendo sus prioridades.  

Razón tenía Friedrich Hayek cuando decía que “es pura fantasía la imagen idílica de personas que, felices en su pobreza rural, renuncian al desarrollo económico, única vía que les pueda deparar lo que ellos mismos consideran conquistas fundamentales de la civilización”. Ante la desatención histórica por parte del Estado a sus necesidades ellos exigen ser ciudadanos activos, con plenos derechos, tanto individuales como colectivos, manteniendo y respetando su autonomía social, cultural y política, plenamente reconocida por las Naciones Unidas en su Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Proponen la adopción de medidas concretas para la titulación de tierras, que les permita obtener la seguridad jurídica sobre sus propiedades; que las propias comunidades realicen el monitoreo ambiental y el manejo forestal por parte de las propias comunidades; que el gobierno implementar proyectos económicos que mejoren la producción agrícola y piscícola y que les permitan comerciar en términos justos sus excedentes agrícolas; y que se desarrollen políticas sociales que les garanticen el derecho a tener una educación bilingüe y una salud intercultural. Atender estas propuestas implica entender que, para los pueblos indígenas, el “desarrollo” no es un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar el bienestar, tanto individual como colectivo. Es justamente el “bienestar” - el buen vivir - como un concepto más amplio (es decir, como una noción multidimensional), el que debe ser colocado como la finalidad última de sus intereses.

Si logramos que, más allá de lo que dicen las normas legales, los pueblos indígenas ejerzan plenamente su ciudadanía, contribuiremos al desarrollo armónico de la Amazonía. Esto además, debe venir de la mano de mayor presencia estatal en territorios actualmente abandonados donde imperan actores que aprovechan esta situación para realizar actos ilícitos como la minería informal, el narcotráfico y la tala ilegal de árboles. Los pueblos indígenas con ciudadanía serán los principales aliados en la lucha de nuestro país contra la ilegalidad.

Hemos de entender que los pueblos indígenas no son parte del  problema, sino de la solución frente a estas actividades destructivas que el Estado, hasta ahora, ha sido incapaz de resolver. Estos pueblos, que poseen una identidad cultural muy fuerte, ya no ven al “otro”, a los “externos”, como una amenaza, sino que ahora son conscientes de que esos “otros” (como el Estado y las empresas privadas) pueden traer saberes, objetos o bienes valiosos que pueden armonizar con su desarrollo e identidad. Pero esta interacción intercultural demanda condiciones y canales de diálogo que aseguren un adecuado proceso. Esta interacción debe estar basada, no solo en el respeto, sino en un principio fundamental que es el “reconocimiento” a los pueblos indígenas. El “reconocimiento” sobrepasa al “respeto” en tanto supone que nuestro interlocutor tiene algo valioso que enseñarnos. De este modo, no se trata simplemente de ubicarlo a un lado de la discusión para protegerlo, sino de incluirlo como participante activo debido a su capacidad de aportar constructivamente al desarrollo.

El abandono de los pueblos indígenas por parte del Estado ha sido un gravísimo error que nos ha privado de la cohesión social necesaria para enfrentar, en el mismo lugar de los hechos, a los problemas que están minando nuestra nación. ¿Cómo frenar a la pobreza, la exclusión, la minería y tala ilegal, o incluso el narcoterrorismo, entre otros graves problemas? Con comunidades indígenas empoderadas, con una ciudadanía plena (a través de la titularidad de sus tierras) que les permita defender los recursos naturales de su entorno. Dejemos de lado, de una vez por todas, nuestros prejuicios. Corresponde al Estado la responsabilidad de despejar los caminos que conducen al diálogo, estudiar las propuestas de los pueblos indígenas con diligencia y buena voluntad y construir los consensos que hagan falta para dar respuesta a los problemas. Este es el verdadero sentido de la autoridad


* Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Artículo publicado en el diario El Comercio el 3 de enero de 2014.

http://sandbox.imedia.pe/custm/notas.php?cod=3257003&pass=b78e6e7a553

 

 

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